El documento revela que los oficiales fueron identificados como cómplices de grupos delictivos y de participar en otros delitos como el contrabando y la trata de migrantes. Una dificultad más en la lucha contra el narcotráfico ha quedado al descubierto en Costa Rica, tras conocerse que grupos de policías del Gobierno son sospechosos de colaborar con las bandas criminales que han provocado la mayor crisis de seguridad en el país, según un informe interno emitido en abril y revelado por la prensa local. El informe señala que más de 100 oficiales de cuerpos de seguridad del Poder Ejecutivo fueron identificados como cómplices de grupos delictivos, incluidos algunos asociados con un oficial que se encuentra en prisión a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, aceptó la existencia del documento, pero en conferencia de prensa alegó que no lo conocía antes de la publicación periodística. Aunque asumió el cargo en mayo, asegura no haber sido alertado previamente, a pesar de que formó parte del gobierno anterior como ministro de Justicia. Los casos de infiltración criminal en la Policía se suman a los limitados recursos del país para combatir a la poderosa industria del narcotráfico y a la vulnerabilidad social de un sector de la población, que se convierte en terreno fértil para las organizaciones delictivas. Además, las autoridades reportan la expansión de una cultura que tolera o incluso admira a los narcotraficantes en ciertos segmentos. A esto se añade un creciente enfrentamiento en meses recientes entre el Gobierno de Laura Fernández y el Poder Judicial, lo que dificulta las acciones coordinadas para atenuar la incidencia del dinero sucio y la violencia entre bandas rivales. En el pasado se habían registrado casos aislados de funcionarios judiciales ligados a grupos narcotraficantes, así como de guardias penitenciarios que facilitaban teléfonos a líderes criminales para que siguieran dirigiendo sus actividades desde prisión. También se habían conocido denuncias esporádicas contra miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, el reporte elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, apunta a un problema extendido. Un total de 116 oficiales han sido señalados por su presunta participación en actividades de narcotráfico y otros delitos como el contrabando y la trata de migrantes. De estos, 27 agentes actuaban como escoltas de cargamentos, daban apoyo logístico para el traslado de droga o coordinaban aterrizajes clandestinos de aeronaves con estupefacientes en municipios del Pacífico sur, una de las áreas más frecuentadas por los traficantes para enviar su producto hacia el norte, señala el periódico La Nación citando el reporte. Estos señalamientos, basados en testimonios recabados por la DIAC, no fueron investigados desde abril ni compartidos con autoridades vinculadas, según Gerald Campos. Semanas atrás, el ministro admitió que existen focos de corrupción, razón por la que durante su gestión en el Ministerio de Justicia denunció a 91 guardias penitenciarios. Reportó también 38 causas disciplinarias abiertas contra miembros de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y el Servicio de Vigilancia Aérea. Además, unos 70 oficiales fueron despedidos en 2025 “porque los corrompieron”, declaró días atrás la presidenta Laura Fernández, luego de que las autoridades judiciales acusaran a cinco policías de colaborar con la organización que lideraba un peligroso capo apodado ‘Diablo’, detenido hace dos semanas en un intenso operativo tras casi una década en fuga. Tras su captura, el sospechoso afirmó que mantenía el control sobre algunos miembros de los cuerpos policiales, según reveló el fiscal general, Carlos Díaz. Asimismo, en junio, Fernández destituyó a seis jefes policiales que no obtuvieron resultados satisfactorios en las pruebas de polígrafo a las que sometió a la cúpula policial, en medio de dudas sobre la confiabilidad de dicho dispositivo. Las informaciones sobre corrupción policial alimentan las acusaciones de grupos opositores y críticos sobre la complicidad de las autoridades frente al crimen organizado, así como los cuestionamientos a ciertos cambios de estrategia policial que habrían facilitado el trasiego de cocaína por el país, según señaló el fiscal general, Carlo Díaz, en entrevista con EL PAÍS. Hasta el momento no se han confirmado, sin embargo, casos de corrupción por narcotráfico que involucren a jerarcas de los gobiernos de Rodrigo Chaves o de Fernández. La mandataria reiteró su intención de endurecer las sanciones contra los oficiales coludidos con grupos criminales, aunque también minimizó el alcance del problema al señalar que se trata de una pequeña minoría dentro de un cuerpo de 22.000 agentes gubernamentales. Por su parte, el ministro Campos afirmó que remitió el informe de la DIAC a la Fiscalía General para que se investigue al exviceministro de Seguridad, Erick Lacayo, y al exdirector de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, quien presentó una denuncia este mismo miércoles por la filtración del documento a la prensa. Campos no mencionó si considera que exista responsabilidad alguna por parte del exministro de Seguridad, Mario Zamora, actual embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra. “Policía que sea condenado por vínculos con bandas del crimen organizado y del narcotráfico es un policía que va al CACCO”, advirtió Fernández en referencia al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una cárcel aún en construcción inspirada en la publicitada prisión del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Días atrás, la presidenta acusó al Poder Judicial de estar penetrado por la corrupción “hasta los tuétanos”. Mientras tanto, las autoridades trabajan en conjunto con sus contrapartes estadounidenses en casos de mayor envergadura, como el de un oficial de apellido Corella, alias ‘Rojo’, detenido en octubre bajo la presión de liderar, en asociación con otros policías, una red internacional de tráfico de cocaína, proceso por el cual enfrenta ahora una solicitud de extradición a Estados Unidos.
Fuente: elpais.com
Crédito de imagen: El País
