En la esquina más transitada de Flores, siete personas con celulares, mate y chipás al brazo se congregan cada sábado a las diez y media. Forman parte de La Guardia Jurídica, un colectivo surgido del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y organizaciones vecinales que busca proteger a los vendedores ambulantes frente a operativos policiales.
Los trabajadores migrantes, como C., M., K. y L., nacidos en Senegal, venden ropa para subsistir en medio de la crisis económica que afecta al país. Cuando la guardia percibe la presencia de agentes del Ministerio de Espacios Públicos, la Dirección Nacional de Migraciones y policías, avisan a los vendedores y registran la intervención.
Los operativos, que según el Ministerio de Seguridad nacional han alcanzado alrededor de 10.000 en todo el país, incluyen la exigencia del DNI, la confiscación de mercancía y, en algunos casos, el uso de uniformes civiles. La guardia documenta los hechos con fotos y videos, lo que ha permitido identificar a agentes vestidos de civil, práctica prohibida por la normativa argentina.
Desde 2025, bajo el plan de “orden y limpieza” del gobernador Jorge Macri, se desalojaron 5.000 manteros en Flores. La represión se intensificó con la ofensiva antimigrante del gobierno nacional encabezada por Javier Milei, que aprobó decretos para endurecer la política migratoria y habilitar deportaciones exprés.
Los voluntarios, que ahora incluyen abogados, estudiantes de derecho, fotógrafos y activistas del Mapa de la Policía, no pretenden interferir en los operativos, sino garantizar que la presencia policial sea visible y que cualquier abuso quede registrado. Según Mariano Urteaga, integrante del Mapa, la guardia busca que la policía sepa que los trabajadores no están solos y que se cumpla el procedimiento legal.
Los testimonios de los migrantes indican que, cuando la guardia está presente, la actuación policial es menos agresiva. “Si estamos solos, son más agresivos y las cosas se ponen más violentas”, comenta uno de los vendedores.
Fuente: elpais.com
