El jueves 10 de septiembre, durante la ceremonia de apertura del año judicial presidida por el Rey, la Sala Tercera del Tribunal Supremo notificó la suspensión cautelar del derecho al voto de miles de nacionalizados bajo la llamada “ley de nietos”. La medida responde a un recurso presentado por Vox e Iustitia Europa contra un acuerdo de la Junta Electoral Central que había declarado incompetente la fiscalización del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Tras dos vistas públicas y una deliberación privada de cuatro horas, los seis magistrados que integraron el tribunal acordaron suspender los efectos electorales de las nacionalizaciones otorgadas por la instrucción del Ministerio de Justicia. Sólo la magistrada Alicia Millán presentó voto particular en contra, argumentando que la medida era desproporcionada y que el Supremo carece de competencia para revocar la instrucción.
El acuerdo, publicado a las 13:45, provocó reacciones inmediatas del Gobierno y de la judicatura, que cuestionan la solidez de la decisión y su posible extralimitación. La sentencia definitiva se espera para diciembre, mientras se debate si la Ley Electoral faculta a la Junta Electoral para fiscalizar el CERA y si el Supremo puede anular una instrucción de Justicia no impugnada.
Fuente: elpais.com
