Una activista narra cómo acompañó a José, un niño de 11 años, durante una larga espera hasta su audiencia virtual ante un juez de inmigración. José estuvo nueve horas frente a un computador, junto a 24 niños, siendo el más joven de la audiencia preliminar masiva que el gobierno de Donald Trump ha usado desde mayo de 2026 para acelerar los procesos de deportación.
El niño y su padre llegaron a la casa de la activista a las 7:30 a.m. de un día de julio. La activista, que mantiene el anonimato, les ayudó a ingresar al sistema de una corte federal en la costa este. Durante la espera, la activista le buscó comida, una almohada y le permitió recostarse cuando se cansó.
La audiencia, penúltima del día, comenzó a las 4 p.m. y duró 15 minutos. El juez le preguntó si tenía abogado; José respondió que no, que su padre lo acompañaba, y recibió indicaciones sobre el proceso y unos días más para conseguir representación legal.
Desde mayo, el Centro Nacional de Justicia al Inmigrante ha observado audiencias preliminares en las que entre 30 y 100 personas son citadas simultáneamente, muchas sin abogado. Los niños sin representación corren mayor riesgo de deportación.
José y su hermana de 15 años llegaron a la frontera sur en mayo de 2025 con su madre; fueron detenidos y la madre deportada. Fueron enviados a un albergue de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). Gracias a abogados pro bono, presentaron una petición de habeas corpus que los liberó.
El 31 de julio, el gobierno cortó el financiamiento a casi 100 organizaciones que brindaban defensa pro bono a menores migrantes. Desde entonces, varios niños han sido deportados sin el debido proceso, según denuncias de organizaciones como Acacia y Children’s Legal Center.
La activista sigue acompañando a familias migrantes, ofreciendo información, asistencia para citas con ICE y apoyo emocional, pese a la escasez de recursos.
Fuente: elpais.com
