Los especialistas vetan la explotación de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla por su impacto ambiental y sobre la población indígena. Limitan cualquier proyecto hasta demostrar que hay agua salada y desmontan la idea de la soberanía energética.
La apuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum por reabrir la puerta al fracking en México ya no es un cheque en blanco. Tras casi tres meses de deliberaciones, el comité integrado por 54 especialistas a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y convocado por la mandataria para evaluar la viabilidad de la explotación de gas natural no convencional en el país, ha impuesto los primeros límites técnicos y ambientales al proyecto que la presidenta ha convertido en una de las mayores redefiniciones de la política energética heredada de Andrés Manuel López Obrador.
El dictamen no solo descarta de manera definitiva la explotación mediante fracturación hidráulica en la cuenca de Tampico-Misantla, ubicada entre Veracruz y el sur de Tamaulipas, sino que condiciona cualquier incursión en los yacimientos de Coahuila y Tamaulipas hasta que se demuestre previamente que hay agua salada suficiente para abastecer la actividad. Si ese recurso no existe, concluyen los expertos, la explotación simplemente no debe realizarse.
“Primero si hay agua, segundo si hay gas”, ha resumido la propia Sheinbaum en su conferencia matutina los pasos que su Gobierno deberá dar para saber si efectivamente podrá avanzar en su plan para desarrollar el fracking en México. Después, comprobar la viabilidad técnica de los proyectos y, también, consultar a la población cercana afectada. “Apenas vamos a ver dónde es factible”, reconoció.
La resolución marca un punto de inflexión en un viraje energético adelantado por EL PAÍS desde febrero, que implica el cambio de postura del Gobierno frente a una técnica que Morena había rechazado durante años y que el expresidente López Obrador mantuvo políticamente congelado durante todo su sexenio. Desde entonces, la Administración de Sheinbaum ha desmontado ese veto paso a paso: reconoció su apertura al gas no convencional, planteó la participación de privados junto a Pemex y en últimas fechas, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al proyecto, se diseñó un esquema de financiamiento. Una de las piezas que faltaba era el informe del comité científico, un grupo al que el Gobierno encargó la tarea de construir el sustento técnico del viraje.
La resolución que atravesó por un intenso debate al interior del comité en las últimas semanas, según refieren fuentes, representa el primer gran contrapeso técnico al giro energético impulsado por Sheinbaum. Durante meses, el Gobierno había construido una narrativa orientada a justificar el regreso del fracking bajo el argumento de que México necesita incrementar su producción de gas para reducir su dependencia de Estados Unidos y fortalecer su seguridad energética. Sin embargo, las conclusiones del comité rebajan las expectativas oficiales. El grupo de especialistas coincide en que el desarrollo de los yacimientos no convencionales podría disminuir el volumen de importaciones, pero advierte que está lejos de garantizar la anhelada soberanía energética que Sheinbaum ha colocado en el centro de su discurso.
Fuente: elpais.com
Crédito de imagen: El País
