La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido este jueves al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por encubrir información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La FGR ha informado de que la aprehensión forma parte de un “nuevo modelo de investigación” y el “reanálisis de las actuaciones existentes”, en el caso ocurrido en septiembre de 2014, uno de los episodios más traumáticos del país.

El nuevo rumbo de las pesquisas de la Fiscalía apunta a una posible participación de Ángel ‘N’, en el “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”, según explica el breve comunicado.

Aguirre Rivero (Omotepec, Guerrero, 70 años), licenciado en economía por la UNAM, inició su carrera política en la década de los setenta en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ese partido fue gobernador del Estado por primera vez entre 1996 y 1999 cuando sustituyó a Rubén Figueroa Alcocer por la masacre de Aguas Blancas. Ganó las elecciones en 2011 para un segundo mandato, en esa ocasión como parte de la coalición Guerrero nos Une del Partido Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). Aguirre se separó del cargo en 2025 tras los hechos de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014.

En otros movimientos recientes alrededor del caso, dos semanas atrás, un juez cambió la prisión domiciliaria por un grillete electrónico con restricción de movilidad al exprocurador federal Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en el caso Ayotzinapa. El priista fue encarcelado en 2022, pero su defensa consiguió la prisión domiciliaria. El mismo día, otro juez condenó a 105 años de prisión a Santiago El carrete Mazari, exlíder del grupo criminal Los Rojos, por secuestro y delitos contra la salud. Mazari fue uno de los narcos locales a los que las familias de los jóvenes pidieron ayuda en 2015 para tratar de revelar detalles de lo ocurrido, cuando desconfiaban de las versiones oficiales.

La manipulación de las investigaciones en el caso Ayotzinapa se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto. Su Gobierno (2012-2018) armó un relato de que el grupo criminal Guerreros Unidos había matado y quemado a los estudiantes en un basurero en Cocula, cerca de Iguala, una versión que después fue refutada.

La falta de resolución continuó en la siguiente gestión por la férrea oposición del Ejército a ser investigado en el periodo de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien prometió a las familias de las víctimas que haría todo por que se conociera la verdad. El pasado 2 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación que suaviza la participación del Ejército. En ella señala que la mayor responsabilidad del crimen recae en las corporaciones policiacas de los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan y Tepecoacuilco, coludidas con Guerreros Unidos. Además afirma que no existen pruebas directas que acrediten que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), o el 27 Batallón diseñaran, ordenaran o ejecutaran un plan de desaparición o exterminio de los normalistas. A casi 12 años del ataque, las dudas siguen dominando el paisaje.

Fuente: elpais.com